Andorra es un país que se caracteriza por una seguridad jurídica garantizada por su ordenamiento jurídico y sus instituciones.
La seguridad jurídica es un principio reconocido y protegido per la Constitución andorrana, promulgada el 14 de marzo de 1993.
Este principio es uno de los pilares esenciales de su estructura democrática.
La Constitución de Andorra define al Principado como un estado independiente, de derecho, democrático, con una organización institucional de Estado basada en el principio de separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Establece los principios generales del ordenamiento jurídico andorrano: principio de legalidad, de jerarquía, de publicidad de las normas jurídicas, de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos y sancionadoras, de responsabilidad de los poderes públicos y de prohibición de arbitrariedad.
El Tribunal Constitucional vela para la correcta aplicación de estos principios constitucionales por parte de los poderes públicos.
El principio de seguridad jurídica, que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico, ha contribuido al desarrollo sin precedentes del Principado desde el año 1950 hasta el día de hoy, y ha facilitado la inversión andorrana e internacional en Andorra.
El legislador ha reforzado la seguridad jurídica de las inversiones internacionales en el Principado de Andorra con la adopción de un nuevo marco fiscal, la liberalización de la inversión extranjera y la negociación de convenios de no doble imposición.
