Contamos con una dilatada experiencia en la aplicación de la Llei de Contractació Pública (Ley de Contratación Pública) y demás normativa relacionada, tanto de ámbito nacional como parroquial (local). Nuestros clientes son empresarios de los sectores económicos más importantes e influyentes del país (comercio, energía, sanidad, etc.), que actúan como contratistas o concesionarios.

Asistimos a nuestros clientes en el procedimiento de licitación pública promovido por la administración para la prestación de servicios públicos (directamente o mediante empresas públicas o parapúblicas como el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (Andorra Telecom) o la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Negociamos y elaboramos para nuestros clientes, todo tipo de contratos (concesiones de obras, servicios públicos, subministro de bienes y servicios, arrendamientos, etc.) que deban formalizar con la administración, fruto de la contratación directa, licitación o concurso público. Redactamos cláusulas de contratos administrativos, en defensa de los intereses de nuestros clientes.

Nuestro conocimiento de la contratación pública, nos permiten asistir y asesorar a administraciones, entidades públicas y parapúblicas, y a las entidades privadas contratantes, en la determinación de la elección del procedimiento de contratación, del contrato más acorde a la operación precisa, en el diseño y concreción de operaciones de colaboración pública y privada, y en la preparación del expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas que lo regulan. Asesoramos a nuestros clientes sobre las distintas cuestiones jurídicas que se planteen durante la vigencia del contrato administrativo.

Aconsejamos a nuestros clientes en la clasificación de los contratistas con la administración andorrana y de constitución de garantías para el cumplimiento del contrato administrativo.

Mediante nuestro equipo de abogados plurilingües, prestamos un asesoramiento integral a particulares, empresas y sociedades internacionales que deban tratar con las administraciones públicas, mediante por ejemplo la creación de una UTE (unión temporal de empresas)